Artículo publicado por el semanario The Economist:
En un mensaje de año nuevo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió trabajar para “liberar” a su país del crimen, la corrupción y la impunidad. Su gabinete ha establecido esto como su prioridad. El mensaje es el correcto. Pero desafortunadamente para Peña Nieto, los mexicanos son cada vez más escépticos acerca del mensajero.
México sigue agitado por la respuesta del gobierno al secuestro de 43 estudiantes en septiembre, a manos de la policía municipal en el estado de Guerrero, al suroeste de México, y aparentemente asesinados por narcotraficantes. La investigación del caso parece estar estancada. La respuesta política de Peña Nieto a la masacre es una iniciativa de reforma constitucional para abolir las fuerzas municipales. Pero el Congreso podría no aprobarla, entre otras cosas porque algunas están menos dañadas que las fuerzas estatales que quedarían en su lugar.
En defensa del gobierno, el estado de derecho no se puede crear en una noche. Tomará años, quizá décadas, limpiar y fortalecer a la policía del país. Pero sus críticos creen que Peña está esquivando la tarea más importante: castigar a los mandos políticos corruptos que son cómplices del crimen organizado. Y el propio gobierno está marcado por el escándalo.
El más reciente bochorno, publicado esta semana por The Wall Street Journal, es que en 2005 Peña compró una casa de un pequeño constructor que había ganado una gran cantidad de contratos en su administración. Esto siguió después de las revelaciones de que su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró una casa de $500 mil dólares en un club de golf de moda, con un crédito del propio vendedor, una compañía propiedad de Juan Armando Hinojosa. Ese empresario ha recibido mucho trabajo del gobierno federal y previamente del Estado de México, cuando Peña fue gobernador y Videgaray su secretario de finanzas.
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