Miguel Ángel Granados Chapa - Ruiz: impunidad cínica

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Mediante la complicidad que en defensa propia le depararon los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, Ulises Ruiz usó el sistema penitenciario federal para combatir a sus opositores. Ciudadanos que no deberían estar presos o, mereciéndolo debían quedar recluidos en penales oaxaqueños, porque son locales los procesos penales que se les incoaron y porque se cometieron en Oaxaca los hechos presuntamente punibles, fueron deportados o conducidos a cárceles de alta o mediana seguridad de la Federación, en entidades distantes del lugar donde se les perseguía.

Un centenar y medio de personas detenidas de modo arbitrario y más bárbaramente (si cabe la gradación) sometidas a proceso, fueron llevadas a Tepic, de donde paulatinamente fueron devueltas a Oaxaca, en la medida en que la justicia federal protegía a esas víctimas de la insolencia ilegal practicada por el gobierno de Ulises Ruiz. Casi todas han salido en libertad, amparadas ante la evidencia de que se actuó indebidamente en su contra. Los hermanos Érick, Horacio y Flavio Sosa Villavicencio corrieron suerte semejante, sólo que con peculiaridades atribuibles al papel que ejercían (o las autoridades les atribuían) en el movimiento social contrario a Ruiz, organizado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Érick Sosa, por entero ajeno a las actividades de sus hermanos, fue sin embargo el primero en ser reprimido. Sin motivo, salvo el parentesco con sus hermanos, fue detenido en Oaxaca el 28 de noviembre de 2006, horas después de la redada que produjo la cuerda enviada a la capital nayarita. A pesar de que en su vida diaria nada permitía imputarle delito alguno, se le capturó y de inmediato fue catalogado como reo de gran peligrosidad y remitido a Matamoros, uno de los tres penales federales de alta seguridad, destinados a hospedar reos de delincuencia organizada y otros ilícitos de gravedad semejante. Tan clara era la ajenidad de Érick Sosa al activismo de sus hermanos, tan obvia su inocencia, que tuvo que ser puesto en libertad el 9 de junio pasado, seis meses después de la ilegal detención.